A partir del 3 de abril de 2025, entra en vigor una reforma significativa de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) que supondrá un punto de inflexión en la regulación del alquiler vacacional en España. Esta actualización legal surge como respuesta a la creciente preocupación por la proliferación de viviendas destinadas al turismo en comunidades residenciales, especialmente en zonas de alta demanda, donde la presión sobre el mercado inmobiliario se ha intensificado considerablemente.
En este artículo, exploraremos en detalle el alcance de esta modificación, las consecuencias para los propietarios interesados en alquilar su vivienda con fines turísticos y cómo el modelo de alquiler temporal para empresas, que promueve Homyspace, se presenta como una alternativa legal, segura y sostenible.
¿Qué cambia en la Ley de Propiedad Horizontal?
La nueva versión de la Ley de Propiedad Horizontal establece que cualquier vivienda que se desee destinar al alquiler vacacional deberá contar con la aprobación de la comunidad de propietarios. En concreto, será necesario el voto favorable de las tres quintas partes del total de propietarios, que a su vez representan las tres quintas partes de las cuotas de participación.
Este cambio legislativo ha sido impulsado por dos sentencias del Tribunal Supremo, que ya permitían a las comunidades prohibir la actividad turística en sus edificios mediante una mayoría cualificada. Ahora, la ley lo recoge de forma expresa y otorga más poder a los vecinos para proteger la convivencia y evitar conflictos derivados del uso intensivo de las viviendas como alojamiento vacacional.
¿A qué viviendas afecta esta reforma?
La modificación de la Ley de Propiedad Horizontal no tendrá efectos retroactivos. Esto significa que los apartamentos turísticos en funcionamiento antes del 3 de abril de 2025 podrán seguir operando sin necesidad de obtener una nueva autorización, siempre y cuando cumplan con la normativa autonómica vigente.
Sin embargo, cualquier vivienda que se quiera destinar al alquiler vacacional a partir de esa fecha deberá contar con el respaldo expreso de la comunidad de propietarios. En caso de no obtener dicha aprobación, el propietario podría enfrentarse a sanciones administrativas e incluso al cierre de la actividad por vía judicial.
Multas y sanciones
Esta reforma también introduce medidas sancionadoras más estrictas. Algunas comunidades autónomas, como Andalucía, han anunciado que los propietarios que alquilen sin la debida autorización podrán ser multados con hasta 600.000 euros. Además, la comunidad de propietarios podrá aplicar un recargo de hasta un 20% en los gastos comunes a quienes destinen su vivienda al alquiler turístico sin consentimiento.
El objetivo de estas medidas es preservar el carácter residencial de los inmuebles y garantizar la convivencia, en un contexto en el que el auge del alquiler vacacional ha generado problemas relacionados con el descanso, la seguridad y la dinámica de las comunidades.
Un mercado inmobiliario bajo presión
Esta reforma llega en un momento de tensión creciente en el sector de la vivienda. En regiones como Andalucía, que registraron más de 36 millones de turistas en 2024, el auge del alquiler vacacional ha provocado un aumento de los precios, una disminución de la oferta de vivienda habitual y un descontento cada vez mayor entre los residentes.
El Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas (Canfincas) ha respaldado esta modificación de la Ley de Propiedad Horizontal como una herramienta para empoderar a la comunidades vecinales y mitigar los efectos negativos de los pisos turísticos en las zonas residenciales.
¿Qué alternativas tiene ahora el propietario?
Con este nuevo marco legal, muchos propietarios que consideraban alquilar su vivienda como turística se encuentran con una barrera adicional. Obtener la aprobación de la comunidad podría ser un proceso complejo y, en algunos casos, inviable. A esto se suman los riesgos de sanciones y posibles conflictos vecinales.
En este escenario, el alquiler temporal para empresas se posiciona como una alternativa viable, segura y rentable, ideal para aquellos propietarios que buscan optimizar su inmueble sin inconvenientes legales ni problemas con la comunidad.
Homyspace: una solución profesional al alquiler turístico
En Homyspace trabajamos con un modelo completamente distinto al del turismo vacacional. Nuestro servicio está orientado a conectar al propietario con empresas que necesitan alojar a sus trabajadores desplazados durante un periodo determinado por motivos laborales, como parte de un proyecto, una obra o una formación.
Se trata de un alquiler temporal regulado por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), lo que significa que no requiere licencia turística ni aprobación comunitaria, ya que no se modifica el uso residencial del inmueble.
Entre las principales ventajas de este modelo destacan:
- Legalidad garantizada: los contratos temporales están adaptados a la normativa vigente, y el uso profesional de la vivienda no altera su consideración como residencia habitual.
- Estancias prolongadas y sin rotación diaria, lo que mejora la convivencia con los vecinos y reduce el desgaste del inmueble.
- Inquilinos responsables: nuestros clientes son empresas y trabajadores solventes con desplazamientos definidos.
- Mayor seguridad en los pagos: al tratarse de arrendamientos gestionados con empresas, los pagos son más estables y predecibles.
- Gestión simplificada: en Homyspace nos ocupamos de todo lo esencial para que el proceso sea ágil y seguro. Seleccionamos inquilinos corporativos, redactamos el contrato y te acompañamos durante toda la estancia. Tú solo decides si aceptas la propuesta que mejor se adapta a tu vivienda.
Una oportunidad para propietarios responsables
La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal no solo impone restricciones al alquiler turístico, sino que también abre la puerta a modelos más sostenibles y adaptados al entorno residencial. Optar por el alquiler temporal para empresas permite obtener rentabilidad sin generar conflictos con la comunidad.
Centrarse en un perfil de inquilino que busca estabilidad y un entorno funcional para trabajar, no solo protege la propiedad, sino que también contribuye a mejorar la convivencia y el equilibrio del mercado residencial.
